La Secretaría de Educación del Valle podría ser intervenida por el Gobierno
Nacional si no se establecen planes de mejoramiento financiero. La deuda
asciende a $357 millones.
Debido a un hallazgo realizado por la Contraloría General de la Nación, en
donde se evidenciaron diversas irregularidades en la matrícula de estudiantes
de primaria de escuelas públicas del municipio de Palmira, el Gobierno Nacional
podría intervenir la Secretaría de Educación del Valle. Gracias a los graves problemas financieros que
registra la educación en la región, el Ministerio ordenó al Valle a que a
finales del mes de agosto se presente un plan con el objetivo de dar salida a
la crisis, donde el mayor pasivo es la nomina de docentes.
¿Qué es lo que viene?
Según la Secretaría el plan debe incluir la certificación por parte de la
cartera nacional de varios procesos que debe ejecutar esta entidad regional. En
caso de no llevarse a cabo, el Ministerio intervendría la educación del Valle,
como ya ha sucedido en otros departamentos.
Según Nelson Vargas, titular de este despacho, “la educación en el Valle
tiene deudas por $357.000 millones, que corresponde a obligaciones laborales
con la planta de personal que van incluso desde 1994”. Vargas indicó que en una
primera aproximación a las obligaciones del sector educativo se encontró que se
deben $8.000 millones a los maestros por ascensos en el escalafón docente,
$122.000 millones por homologaciones salariales, $14.000 millones por
reconocimientos salariales a los maestros que trabajan en zonas de difícil
acceso, $168.000 millones a la Fiduprevisora, $38.000 millones por prestaciones
sociales y $5.000 millones de servicios públicos de las escuelas.
La situación es grave
“Es tan grave la situación, que no sabemos cuántos profesores están en la
planta docente del Valle ni en dónde están”, aseveró Vargas. La gobernación
anunció que realizará con ayuda del Ministerio, un estudio técnico de la planta
educativa.
Contra la Secretaría de Educación del Valle están instauradas tres mil
tutelas y 300 derechos de petición, además de 300 incidentes de desacato. Estas
acciones son del personal del sector educativo que reclama derechos salariales.
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