La procuraduría General de la Nación en audiencia
de imputación de cargos destituyó e inhabilito a Álvaro Martínez Payán por
detrimento patrimonial.
Por Luis
Fernando León Marín
Con base a las pruebas proporcionadas el 9 de mayo
de 2012, la procuradora, Adriana Patricia Barco, formuló pliego de cargos en
audiencia pública al exgerente del hospital Psiquiátrico, Álvaro Martínez
Payán, por incursión a falta gravísima basada en la ley 734 de 2002, numeral 31
del artículo 48.
El funcionario en el año 2009, bajo el gobierno del
destituido Juan Carlos Abadía, realizó
compras y pagó por encima del precio de referencia, generando un detrimento al patrimonio
público en diversos contratos, por ejemplo, el 9 de octubre del año en mención,
compró manteles para logística por más de 14 millones de pesos; en productos de
ferretería $40 millones en cemento por bulto, comprándolo por unidad a $79.656 cuando
en el mercado estaban a $36.250; como también se compró productos de aseo el 21
de agosto, entre otros.
¿Qué le
imputaron?
Según la procuradora, Los cargos formulados contra
Martínez Payán, son incremento desmesurado o sobrecostos basado en la ley 80
del 93 y la ley 1150, que introduce modificaciones a la anteriormente
mencionada, lo que incurre en falta gravísima y fueron cometidas con dolo, lo
que generó que fuera declarado disciplinariamente responsable y se sancionó con
destitución del cargo e inhabilidad por diez años. Recordemos que el
funcionario ya había sido removido del cargo por el entonces gobernador
encargado, Francisco José Lourido y era el actual director del Ancianato San
Miguel.
María Isabel González, magistrada ponente afirmó,
“el funcionario celebró contratos generando detrimento en el patrimonio público
por esto, está siendo juzgado”. A su vez aseveró “fue demostrado que Payán
conocía sus deberes de manera minuciosa y sin embargo optó por sustraer. Su
conducta fue deseada y buscada con intención y voluntariamente”.
Por su parte el abogado defensor de Martínez,
Hernando Morales Plaza, interpuso un recurso de apelación, según él, por
violación al debido proceso. “Éste está viciado de nulidad, aquí se han
vulnerado los derechos de mi defendido, el Cidse está ya derogado y se basaron
en él, al surgir de una premisa falsa, se hace una acusación falsa”, aseveró el
abogado.
La
denuncia
El presidente del sindicato del hospital
psiquiátrico, Wilson suaza, denunció “Payán recibió la entidad con un superávit
de 12 mil millones de pesos y luego de recibirlo se generó nomina paralela y
ésta se aumento en un 400%, y empezaron a hacerse compras como manteles
adquiridos en una dirección donde se encuentra una veterinaria e hizo que el
estatuto interno de contratación se aumentara de 250 salarios mínimos a 1.000
salarios mínimos para no hacer licitación pública”. A su vez manifestó “aquí en
el hospital se creó un conductor fantasma, el iba y cobraba el sueldo pero
nadie nunca lo vio en el hospital”.
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