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El hecho
El caso se refiere a la vigencia fiscal de 2011 y
cobija a entidades territoriales certificadas en educación, en las cuales el
Estado giró recursos del Sistema General de Participación-educación,
calculándose un presunto detrimento patrimonial. El ente de control refirió que
con la actuación desarrollada por los agentes públicos, presuntamente se
vulneró el principio de eficiencia al no hacer la verificación en el sitio de
los alumnos matriculados en cada establecimiento educativo. Así mismo, la
vulneración del principio de economía, “pues con ocasión de lo anterior, se
contrató el servicio educativo con entidades privadas para alumnos, que las
entidades públicas podían suplir”.
En este caso, se identificó la
inexistencia de 97 mil 384 niños, cifra equivalente al 13.3% del total de
matricula reportada por las Gobernaciones y Alcaldías comprometidas
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