¿COBRAN POR FRENAR PROCESOS?
La entidad indaga si el
contralor Adolfo Weybar Sinisterra y dos funcionarias pidieron dinero a cambio
de bajar sanciones y archivar procesos.
La Fiscalía Seccional
abrió la semana pasada una indagación preliminar en la que vincula al contralor
del Valle, Adolfo Weybar Sinisterra, y a dos de sus funcionarias de confianza,
Gloria Alarcón, director de Responsabilidad Fiscal, y Nancy Acosta,
subdirectora de Investigaciones Fiscales, como sospechosos de exigir el pago de
dinero a cambio de disminuir hallazgos y embolatar expedientes de procesos
sancionatorios. La denuncia fue puesta el jueves pasado en la Unidad de
Reacción Inmediata del centro de Cali por Maira Alejandra Sepúlveda, quien
hasta el pasado 18 de enero se desempeñó como supernumeraria en la propia
Contraloría del Valle.
En
hospital de Jamundí
La exfuncionaria,
acompañada por el abogado penalista Élmer Montaña, quien la asesora, le contó a
la investigadora de la Fiscalía, Teresa Solís, los hechos de los que
supuestamente fue testigo y otros de los que tuvo conocimiento por terceras
personas.En su relato, Sepúlveda cuenta como siendo profesional universitaria
del ente de control, se le comisionó el 9 de octubre de 2012 para atender la
denuncia ciudadana con radicado CACCI 10830, la cual informaba sobre un
presunto cobro de dineros a través de varios cheques que fueron hurtados al
Hospital Piloto de Jamundí, HPJ.
Los
hallazgos
Según informe de ‘El
Pais’, Sepúlveda hizó la visita al centro asistencial y el 26 de octubre del
año pasado rindió un informe a Luis Murillo, asesor de Participación Ciudadana
de la Contraloría, en el cual relacionó dos hallazgos. El primero de tipo
fiscal en cabeza de Rodolfo Argüelles, gerente del Hospital, “por la
sustracción de $164.720.000 soportados en nueve cheques del Banco Popular y
cinco cheques del Banco de Occidente”. El segundo de tipo disciplinario, por la
pérdida de dichos títulos valores. Agrega la denunciante que el 20 de diciembre
de 2012, cuando quiso verificar en qué estado se encontraba el proceso fiscal
contra el HPJ y su gerente, si se había implementado un Plan de Mejoramiento,
que es el proceso normal que debe iniciar toda entidad estatal cuando es
notificada de hallazgos por parte del ente de control, se llevó una
desagradable sorpresa.
Terrible
denuncia
En conversación con
el gerente Argüelles este le informó que no había tenido que implementar un
Plan de Mejoramiento y le explicó que dos funcionarias de la Contraloría le
habían exigido $40 millones para “cerrarle el hallazgo fiscal y no llevarlo al
proceso verbal disciplinario”. Sepúlveda también narró a la Fiscalía que no
creyó en la versión del gerente del HPJ y que por eso le pidió pruebas. Argüelles
procedió a identificar a las dos funcionarias de la Contraloría “con sus
nombres y dio una detallada descripción física”, agregando que “fue Gloria la
que recibió el dinero en tres contados”. Como si esto no fuera suficiente,
Argüelles le explicó a la denunciante que las dos funcionarias de la
Contraloría le “habían pedido la suma de $152 millones para que en la auditoría
de 2013 estuviera tranquilo ya que ellas se encargarían de que no tuviera
problema alguno”.
Aunque a Sepúlveda no
le consta que lo dicho por el gerente del HPJ haya sucedido, consideró que su
deber era alertar directamente al Contralor del Valle sobre los presuntos
hechos irregulares y, además, indagar por qué el proceso de responsabilidad
fiscal, o sea, el juicio para establecer quién responde por el dinero perdido
en el hospital, no había arrancado formalmente aunque ella había consignado los
hallazgos hacía dos meses.
Salpica al contralor
“Por lealtad y gratitud fui a informarle al
Contralor Departamental la situación que ponía en peligro la imagen y
credibilidad de la institución”, dice la denuncia y señala que el 26 de
diciembre Sepúlveda tuvo una entrevista con Adolfo Weybar Sinisterra, el
contralor del Valle, en la que de manera verbal lo puso al tanto de los hechos
descritos por el gerente del Hospital Piloto de Jamundí. Según la denunciante,
el Contralor no quiso darle crédito a la versión y pidió que la soportara con
pruebas. Ella aportó el Informe de Visita Fiscal DC-85-2012 que consta de 183
páginas y, además, ofreció traer al gerente del HPJ para que rindiera el
testimonio. “El Contralor me manifestó que no trajera a nadie, ya que no quería
iniciar una investigación interna que lo podría afectar pues era de
conocimiento de todos los trabajadores de la entidad que a Gloria Alarcón la
había traído él mismo desde Bogotá, pues son compañeros de carrera
administrativa y trabajaban en la Contraloría Nacional”, dice la denuncia. Según
el testimonio que Sepúlveda rindió ante la Fiscalía, el Contralor habría
aceptado retirar a Nancy Acosta, pero “a su amiga Gloria Alarcón no la iba a
perjudicar”.
Otro
rumbo este año
Sepúlveda narra que
inmediatamente pidió un traslado. “No era sano para mí, ni para mis compañeros,
que siguiera trabajando en el proceso auditor, pues lo ocurrido me generaba
total desmotivación, ya que con qué actitud seguiría cumpliendo con mis
funciones, teniendo la desconfianza en que los hallazgos que hiciera en
adelante, pudieran ser utilizados para lo mismo, cobrarle al sujeto de control
una cuota para cerrarlos”, señala en la segunda página del testimonio. Dice la
denunciante que el Contralor le pidió que no dijera nada y le aseguró que iba a
darle trámite a sus hallazgos a través de otra área de la dependencia, que en
enero cuando se reintegraran de la pausa de fin de año, hablaban. El 9 de enero
de 2013 se volvió a reunir Sepúlveda con el Contralor, pero esta vez las cosas
tomaron otro rumbo.
Las
inquietudes
El jefe de la entidad
de control le dijo que si tenía pruebas de lo que le había contado, las llevara
a las autoridades competentes y que no le “diera a conocer por oficio la
situación a él, porque creía en las funcionarias”. Afirma la denunciante que
recibió extrañada la respuesta y preguntó “¿por qué debo informar a otras
instituciones afuera y no al Contralor Departamental, con copia a las entidades
competentes, siendo este mi conducto regular?”. También se pregunta “¿por qué
solo un día después de que ella le informó sobre el presunto acto de corrupción
de las dos funcionarias de la Contraloría, el 27 de diciembre, fue que se
inició el proceso por los hallazgos en el Hospital Piloto de Jamundí, siendo
que esos hechos ella los reportó desde el 9 de noviembre de 2012?”. La
denunciante también cuestionó la razón para que desde la Contraloría no se
hubiera dado traslado del hallazgo disciplinario a la Procuraduría, que es la
encargada de investigar la conducta de los funcionarios públicos.
La
despidió
El Contralor se
enfureció, dice el testimonio. “Me trató de loca, golpeó la mesa y a gritos me
dijo que me largara de su oficina, el 18 de enero, sin motivación justa, me
declaró insubsistente (despido)”, aseguró Sepúlveda ante la Fiscalía. En la
oficina de Control Interno de la Contraloría iniciaron una indagación para
determinar si las dos funcionarias mencionadas por la denunciante son
responsables. Tiene un año como plazo máximo para el fallo de primera
instancia.
¿Qué dice el contralor?
Luego de conocer la
denuncia, el Contralor del Valle, Adolfo Weybar Sinisterra, negó su
participación en un hecho irregular e imploró “Dios quiera que no haya un
cartel dentro de la entidad”. Sin embargo, Sinisterra no fue capaz de explicar
por qué se demoró la Contraloría del Valle dos meses entre que la auditora
reportó los dos hallazgos y se comenzó el juicio fiscal. “Eso no es normal y me
preocupa, pero lo tendrá que explicar Luis Murillo, asesor de Participación
Ciudadana, quien está en vacaciones”, respondió el Contralor.
Al preguntarle por
qué se negó a recibir la denuncia de la exfuncionaria y por qué no la puso en
conocimiento de la demás autoridades, Procuraduría y Fiscalía, Sinisterra dijo
que “le pedí pruebas y una denuncia por escrito, porque si yo le diera crédito
y arrancara investigaciones por los chismes de pasillo que me llegan, sería muy
irresponsable”. El Contralor afirma que para evitar lo que en el argot técnico
se conoce como “subjetividades positivas o negativas de los investigadores, que
es cuando se vuelven amigos o enemigos de los sujetos de control, creamos una
bolsa común de auditores, así ellos casi nunca repiten en una misma entidad los
procesos de control”.
Pronto
se sabrá lo del hospital
Sobre el proceso de
responsabilidad fiscal en el Hospital Piloto de Jamundí, Sinisterra explicó que
“allí vamos a tener unos resultados pronto, pues me comprometí personalmente
con ese asunto para evitar las suspicacias por esta denuncia”.
Al insistir sobre su
deber como funcionario público de poner en conocimiento de las demás
autoridades la posible comisión de un delito, como lo afirma la denunciante, el
Contralor aseguró que “no era mi obligación”.
El Hospital Piloto de
Jamundí está en la mira de la Contraloría por las denuncias de presunta
corrupción realizadas por médicos y enfermeras. Al gerente le habrían pedido
plata para tapar irregularidades.
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